Exigen destitución del titular de Coepi

Solicitan al funcionario y a Omar Bazán que dejen de insistir en despojar a los indígenas a quienes han acosado de manera judicial

El Colectivo de Antropólogas y Antropólogos Observantes de los Derechos Indígenas exigió la destitución de Enrique Alonso Rascón Carrillo, titular de Coepi, debido a que existe un conflicto de intereses, toda vez que forma parte del grupo de políticos priístas que busca despojar, desplazar de su territorio y perseguir penalmente a la comunidad ralámuli de Mogótavo.

En rueda de prensa dieron a conocer que entregaron una carta a la gobernadora María Eugenia Campos Galván y al diputado Omar Bazán, la cual esta firmada por 45 profesionistas de la antropología especializados en la realidad de la Sierra Tarahumara, donde solicitaron la destitución del priísta.

En la misiva se le solicita a Omar Bazán que deje de insistir en despojar a los indígenas a quienes han acosado de manera judicial a pesar de que el territorio les pertenece de manera ancestral.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

El colectivo AAODI describe la vocación extractivista que el Estado ha impulsado en el territorio serrano bajo el argumento de desarrollo y crecimiento económico, cuando en realidad todas esas acciones han pisoteado los derechos humanos de los indígenas.

Los indígenas han sido severamente afectados porque intentan despojarlos de sus tierras, las cuales han sido explotadas de manera desregulada. Todo ello da pie a la discriminación de la población, la narcoeconomía, narcopolitica y su violencia asociada.

A pesar de los argumentos de desarrollo la población indígena sigue siendo las más pobre que radica en el Estado.

Ante ello el colectivo AAODI se pronuncia porque la designación del Comisionado se dio en las esferas políticas y no cuenta con un perfil adecuado, además de que cuenta con vínculos con las practicas de despojo.

Manifestaron su preocupación dado que esta situación incrementa la tendencia ala violación de derechos, situación que ya ha sido denunciada por otros colectivos e incluso por integrantes de comunidades indígenas organizadas, quienes no han sido escuchados.

Señalaron que de parte de las autoridades, de la gobernadora y del diputado es una manifestación de discriminación institucional, por lo que los invitaron a reconsiderar sus decisiones.

FUENTE: El Heraldo de Chihuahua