Errores de la Fiscalía de Chihuahua en proceso contra candidata de AN

Chihuahua, Chih., La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a gobernadora, María Eugenia Campos Galván, compareció ayer ante un tribunal de control del Poder Judicial estatal por el delito de cohecho –se le acusa de recibir sobornos del entonces gobernador priísta César Duarte Jáquez (2010-2016) cuando fue diputada local–; sin embargo, el juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez determinó improcedente la audiencia de imputación, pues la fiscalía estatal no presentó copia certificada de las investigaciones.

En audiencia preliminar, la defensa de María Eugenia Campos presentó un amparo y pidió diferir la audiencia de imputación 27 días, con el argumento de que la Fiscalía General del Estado (FGE) no entregó copia foliada y certificada de la indagatoria contra la candidata del PAN.

“Recibimos 15 tomos del expediente y las carpetas de acusación no deben presentarse en combo o grupo; además, no hay documentos oficiales con los cuales se pueda acusar”, señaló Francisco Molina Ruiz, abogado de Campos.

Destacó que es escaso el tiempo para revisar 26 mil hojas para el análisis jurídico del caso, y el agente del Ministerio Púbico de la FGE reconoció ante el tribunal que no contaba con ningún documento original de las declaraciones de testigos o pruebas contra su defendida.

Molina Ruiz agregó que “por cuatro años engañaron al gobernador Javier Corral, porque le dicen que tienen pruebas suficientes para procesar a Maru, pero es falso, pues incluso no presentan documentos originales”.

En la denuncia también están involucrados los ex diputados locales Rodrigo de la Rosa Ramírez y María Ávila Serna, quienes entre 2013 y 2016 eran coordinadores de las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, respectivamente.

Información pública señala que la acusación contra la abanderada panista al gobierno de Chihuahua corresponde a la “nómina secreta” de Duarte Jáquez por actos que implican un desfalco de más de mil millones de pesos de recursos públicos e involucran a por lo menos 150 políticos, periodistas, empresarios e incluso obispos que habrían recibido sobornos.

FUENTE: La Jornada