El Congreso del Estado autorizó la contratación de nuevos créditos que se pagarán con los ingresos públicos de los próximos 25 años, una propuesta presentada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
Los recursos que se comprometen en un plazo de 20 a 25 años son los correspondientes a peajes de cruces fronterizos, fondos federales, cuotas de peaje carretero e ingresos de enajenación inmobiliaria, de acuerdo con la iniciativa que aprobaron sin modificaciones los legisladores de PRI, PAN, MC y PT con mayoría calificada.
Únicamente el grupo parlamentario de Morena, con sus 10 diputados, rechazó la propuesta, que Campos denominó una operación de reestructura llamada Fortalecimiento Financiero.
En el texto se establece que hasta el 25 por ciento de los recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) serán destinados por los próximos 20 años –a partir de la formalización del crédito– para el pago de un financiamiento de largo plazo por mil millones de pesos.
También por 20 años se comprometerá el 25 por ciento de los recursos federales recibidos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para las amortizaciones de un crédito por 500 millones de pesos.
En tercer lugar, se indica en el documento aprobado, se buscará una nueva bursatilización carretera por 19 mil 600 millones de pesos que serán pagados con los peajes de los tramos de jurisdicción estatal Jiménez-Savalza, Chihuahua-Sacramento, Santa Isabel-Cuauhtémoc, Ojo Laguna-Flores Magón, Acotamiento Flores Magón-Galeana; y los de jurisdicción federal Jiménez-Camargo, Camargo-Conchos, Conchos-Delicias y Sueco-Villa Ahumada.
Esta operación comprometerá por 25 años –es decir, por cuatro administraciones– la totalidad de lo que se paguen en dichas carreteras.
En la propuesta se reconoce que la anterior bursatilización, que data de 2013, ha resultado perjudicial para las finanzas estatales, pues los recursos recibidos por la empresa Fibra Estatal Chihuahua fueron 12 mil millones de pesos, sin embargo, se han pagado ya ocho mil millones por intereses de servicio de deuda y el saldo pendiente actual es de más de 15 mil millones de pesos.
Como cuarto punto se propuso el refinanciamiento de un crédito contratado con Banobras por 665.9 millones de pesos que se pagarán durante los próximos 20 años con un porcentaje del Fondo General de Participaciones, ingreso de origen federal.
Igualmente se incluye la búsqueda de un refinanciamiento de dos créditos de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (Coesvi), que por 20 años destinará un porcentaje de sus ingresos para el pago de los dos financiamientos que suman 264 millones 86 mil pesos.
La operación, según la iniciativa a probada por el Congreso, busca aumentar el plazo de pago y disminuir las tasas de interés.
Así mismo, el Fideicomiso de Puentes Fronterizos resultará afectado por un refinanciamiento y la contratación de nueva deuda de la que se obtendrán mil millones de pesos.
La fuente de pago de estas operaciones –por un total de dos mil 700 millones de pesos-, serán los derechos de cobro de los puentes: Zaragoza-Ysleta, Lerdo-Stanton, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo, comprometidos por los próximos 20 años.
Además, se contratarán instrumentos derivados futuros que vencerán en los próximos años y que son requisito para los financiamientos.
Según los cálculos del Ejecutivo, las operaciones significarán ahorros presupuestales por más de 400 millones de pesos y una reducción de gastos fiduciarios por más de 2.3 millones de pesos anuales.
En un voto particular, el legislador Benjamín Carrera dijo que lejos de mejorar las condiciones actuales de endeudamiento, la iniciativa de la gobernadora aumentará la deuda pública de Chihuahua.
“Si calculamos el monto de la deuda entre cada chihuahuense, podemos decir que, actualmente cada uno de nosotros debe 21 mil 165 pesos; ahora bien, planteando el impacto que tienen estos nuevos compromisos financieros en las familias a las que supuestamente benefician estas medidas, tenemos que, contrario a lo que se quiere hacer creer, la deuda incrementa en dos mil 162 pesos, debiendo cada chihuahuense 23 mil 327 pesos”, afirmó.
El diputado de Morena criticó que se busquen nuevos créditos en vez de tomar otro tipo de medidas para mejorar las finanzas estatales.
“Esta no es una estrategia de fortalecimiento financiero, una verdadera estrategia consiste en la implementación de acciones coherentes para disminuir el gasto en áreas no indispensables, en llevar a cabo el proceso de austeridad y posteriormente, de existir un déficit, como último mecanismo, recurrir a financiamiento externo”, añadió el diputado.
En el mismo sentido se pronunció Cuauhtémoc Estrada, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena, al afirmar que el refinanciamiento solo significará pasar los adeudos a otras administraciones.
“(El dictamen) no solo tiende a contratar créditos para restructurar deudas ya existentes, sino que tiene como objeto también adquirir más deuda, ampliar los compromisos crediticios del estado, obligar, porque eso es, estaríamos obligando a las y los chihuahuenses a pagar durante años, con nuestros impuestos, nueva deuda; eso implica la aprobación del presente decreto”, afirmó en tribuna.
Estrada criticó que en los primeros meses de gestión de Campos, la panista esté buscando aumentar en más de 12 mil millones de pesos la deuda actual, que, de acuerdo con el gobierno panista, asciende a 75 mil millones de pesos.
Los créditos que se buscarán de acuerdo a la iniciativa aprobada se contratarán a más tardar en 2023, aunque será a partir de la publicación en el Periódico Oficial que la Secretaría de Hacienda, Coesvi, Fibra Estatal Chihuahua y el Fideicomiso de Puentes puedan comenzar a convocar a instituciones financieras.
FUENTE: La Verdad
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