Mientras a nivel federal se avanza en garantizar el derecho a una vivienda digna para las familias de menores ingresos, en Chihuahua persiste un rezago preocupante. La administración estatal, encabezada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, no ha diseñado ni implementado un programa integral de vivienda, lo que deja a miles de chihuahuenses en condiciones de precariedad habitacional.
Desde la Federación, programas como el Infonavit, que ahora construye directamente viviendas con criterios de calidad, ubicación y accesibilidad a servicios básicos, y la iniciativa Mi Primera Vivienda, que facilita el acceso a crédito para jóvenes y trabajadores sin seguridad social, reflejan un compromiso real con el mandato constitucional de hacer del hogar un derecho, no un privilegio. Estas políticas marcan un cambio de paradigma: el Estado como garante activo del bienestar habitacional, no solo como regulador del mercado inmobiliario.
Sin embargo, en el caso de Chihuahua, la realidad es otra. Aunque existen iniciativas dispersas —subsidios puntuales, convenios con constructoras privadas, y algunas colaboraciones municipales—, no existe un programa estatal con visión estructural, sostenible y de largo plazo. Esta ausencia no solo perpetúa la desigualdad social, sino que normaliza la exclusión de los sectores más vulnerables del acceso a una vivienda digna.
De acuerdo con el último censo del INEGI, más del 12% de las viviendas en el estado presentan carencias estructurales graves: pisos de tierra, techos inadecuados, falta de agua potable o electricidad. Esta cifra debería ser un llamado urgente a la acción, pero hasta ahora, el tema sigue relegado en la agenda estatal.
Además, el contexto urbano no ayuda. El encarecimiento del suelo, la especulación inmobiliaria y el crecimiento desordenado de las ciudades como Chihuahua capital o Ciudad Juárez han expulsado del mercado formal a quienes más necesitan soluciones habitacionales. Las familias de bajos ingresos enfrentan una doble barrera: el alto costo de los terrenos urbanizados y los enganches prohibitivos exigidos por el mercado privado.
En este escenario, el Estado tiene una responsabilidad indelegable. Sin una política pública que articule el acceso a suelo, la producción de vivienda social y la coordinación con municipios, difícilmente se podrá revertir la tendencia actual. La omisión gubernamental es, en la práctica, una forma de exclusión institucionalizada.
Ante esta situación, el pasado 8 de mayo presenté un exhorto formal al Gobierno del Estado, solicitando la creación urgente de un Programa Estatal de Vivienda con criterios de justicia social, enfoque territorial y participación ciudadana. Este llamado no solo responde a una necesidad evidente, sino que busca poner en el centro del debate público una problemática que ha sido sistemáticamente ignorada por las autoridades estatales.
Garantizar una vivienda digna no es una promesa de campaña, es un mandato constitucional. Por eso, es imperativo que el Gobierno de Chihuahua asuma su responsabilidad y deje de postergar una deuda social que afecta directamente la dignidad, seguridad y bienestar de miles de personas.
Más historias
Charros luce en la lomita y barre a Chihuahua en casa.
A un mes de su aprobación, sigue sin publicarse la reforma que activa la Alerta AMBER en teléfonos celulares.
¡Mantente hidratado! Pronostican temperaturas de hasta 31 grados centígrados en Parral y vientos fuertes en Chihuahua este viernes.