02/12/2024

Tiene TSJ 4 años para implementar la oralidad

Buscaremos que sea antes: Myriam Hernández

Chihuahua, Chih.- La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia Myriam Hernández señaló que hay un periodo de cuatro años para implementar en todo el país la oralidad en materia familiar y civil, por lo que en Chihuahua buscarán que sea antes.

A partir de la aprobación y publicación del nuevo código, dijo, hemos iniciado con el análisis operativo y jurisdiccional para la implementación.

Desde el punto de vista del Tribunal Superior creemos que estaremos en posibilidad de dar el siguiente paso muy pronto y con muchas más ventajas que algunos otros estados que se encuentran con más limitaciones que nuestro estado, apuntó.

La titular del Poder Judicial reconoció que no hay una fecha definida todavía para que en la entidad se comience con su aplicación.

“No la hay (fecha), pero es porque hay un periodo de 4 años, creemos que tenemos la enorme posibilidad de empezar mucho antes que todos”, dijo.

Fue el 24 de abril del presente año cuando el Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general con 481 votos a favor, expedir el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual tiene como objetivo establecer procedimientos homologados en todo el país para dirimir las controversias entre particulares.

Cabe resaltar que dicho proyecto busca priorizar la oralidad y un acceso a la justicia pronta, completa, imparcial y expedita, para garantizar a los operadores jurídicos el ejercicio de sus funciones, habilidades y destrezas, acorde con los derechos humanos, postulados y principios contenidos en la Constitución.

Además, integra un modelo en el que se impulsa el uso de las tecnologías de la información en los procesos judiciales, a fin de unificar los criterios y bases normativas para naturalizar el ideal histórico de justicia y equidad en la solución de conflictos.

Empero el nuevo código ha levantado también algunas críticas en organizaciones civiles que han advertido que dicho código busca vulnerar la autonomía de los estados, y otros normas de conducta social.