Maru Campos impulsa justicia incluyente y con pertinencia cultural para pueblos originarios de Chihuahua.

Chihuahua, Chih.— En un acto sin precedentes, la gobernadora María Eugenia Campos Galván encabezó este lunes el inicio formal de las acciones en materia de justicia con pertinencia cultural, con el objetivo de garantizar el acceso igualitario y efectivo a la justicia para las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas de la entidad.

La ceremonia se llevó a cabo en el Patio Central de Palacio de Gobierno, donde se oficializó la implementación de una estrategia interinstitucional que suma esfuerzos entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), en favor de una justicia inclusiva, empática y con respeto pleno a la diversidad cultural.

“Una justicia que no escucha ni entiende, no puede llamarse justicia”, afirmó la mandataria estatal, al resaltar la importancia de reconocer, respetar y garantizar los derechos de las comunidades indígenas desde un enfoque humano y no discriminatorio.

Una justicia que entienda para poder defender

Durante su intervención, la gobernadora destacó que el acceso a la justicia no puede depender del idioma, la vestimenta, el origen étnico ni del grado de escolaridad, y enfatizó que la verdadera justicia es la que se adapta para incluir, no la que exige adaptarse para pertenecer. Agregó que estas acciones constituyen un paso histórico para el estado, ya que representan el inicio de un camino hacia la equidad en el acceso a los derechos fundamentales.

La estrategia contempla una serie de acciones concretas, entre ellas:

• Capacitación del personal de la FGE y otras dependencias en temas de pertinencia cultural y sensibilización sobre la cosmovisión de los pueblos originarios.
• Difusión de materiales informativos y jurídicos en lenguas indígenas, para facilitar la comprensión de procesos legales y derechos.
• Nombramiento de enlaces regionales especializados en zonas de atención prioritaria, quienes fungirán como puentes entre las instituciones y las comunidades.
• Servicios de interpretación y traducción durante procedimientos legales, para garantizar el debido proceso y la defensa efectiva.

Compromiso institucional con la diversidad cultural

En su mensaje, Enrique Rascón, titular de la SPyCI, reconoció que históricamente los pueblos originarios han sido marginados dentro del sistema de justicia, en parte por la barrera del lenguaje y el desconocimiento institucional de sus contextos. Aseguró que esta iniciativa representa un cambio de paradigma y un compromiso real del gobierno para no volver a “mirar por encima del hombro” a quienes por generaciones han sido excluidos.

“Sin comprensión, no hay defensa, y sin defensa no hay justicia. Esta estrategia marca una nueva era para Chihuahua, donde se construye un estado verdaderamente incluyente, desde la raíz”, afirmó Rascón.

Una iniciativa con rostro humano

Durante el evento, representantes de comunidades ralámuli, ódami y warijó estuvieron presentes, acompañando las actividades como testigos y beneficiarios directos de este esfuerzo. Se destacaron testimonios que reflejan cómo la falta de intérpretes y el desconocimiento cultural han derivado en procesos judiciales injustos, prolongados o mal entendidos, en detrimento de los derechos humanos.

Maru Campos hizo un llamado a las instituciones del estado a adoptar una visión más humana, comprensiva y empática, e invitó a los funcionarios públicos a comprometerse no solo legalmente, sino moralmente con la causa de la inclusión.

“No se puede hablar de justicia cuando no se comprende a la persona que la solicita. Esta es una deuda histórica con nuestras comunidades originarias, y ha llegado el momento de saldarla”, concluyó.

Construyendo puentes hacia la equidad

Con este anuncio, el Gobierno del Estado de Chihuahua se suma a los esfuerzos nacionales e internacionales por construir sistemas de justicia interculturales, en donde el reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural no sea un obstáculo, sino un elemento fundamental para la construcción de un estado de derecho legítimo e incluyente.

Este programa se implementará de forma gradual en las regiones con mayor presencia indígena, como la Sierra Tarahumara, con el objetivo de expandirse paulatinamente hasta alcanzar a todas las comunidades en situación de vulnerabilidad o con necesidades específicas de atención.