La decisión de la gobernadora Maru Campos de respaldar la reelección de Héctor Acosta Félix como Auditor Superior del Estado ha reavivado el debate sobre la independencia y la solidez institucional en Chihuahua. Pese a la controversia generada por las auditorías forenses realizadas durante su gestión, la mandataria estatal ha insistido en sostenerlo en el cargo, incluso cuando organismos federales han abierto investigaciones sobre su desempeño.
La FGR y la ASF revisan presuntas irregularidades relacionadas con auditorías que involucraron recursos federales, ámbito que constitucionalmente no corresponde a la auditoría estatal. Para especialistas en fiscalización, este hecho no solo podría constituir una invasión de competencias, sino un riesgo jurídico que compromete la validez de los informes elaborados durante ese periodo. El caso más señalado es la auditoría forense sobre la deuda estatal de 2019.
En aquel ejercicio, Acosta Félix habría omitido documentos clave y basado conclusiones en supuestos no verificados, lo que ha generado dudas sobre la solidez técnica del procedimiento. Además, se cuestiona que la revisión haya recaído exclusivamente sobre una empresa previamente auditada sin hallazgos adversos, lo que alimenta la percepción de un posible uso político del órgano fiscalizador.
A pesar de las señales de alarma, Campos ha mantenido firme su postura y ha defendido la continuidad del auditor como un acto de “responsabilidad institucional”. Sin embargo, críticos señalan que la insistencia de la gobernadora podría interpretarse como un intento de preservar un control político sobre el órgano de fiscalización, justo cuando su administración enfrenta cuestionamientos por falta de transparencia.
El desenlace dependerá de las investigaciones federales, que podrían revelar la profundidad de las omisiones detectadas. De confirmarse irregularidades, la administración de Campos enfrentaría un desgaste político considerable, pues habría impulsado la permanencia de un funcionario bajo indagatoria nacional.
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