José Humbertus Pérez Espinoza «el luchador social», quien ha emprendido una intensa campaña de defensa a favor de delincuentes de alto impacto, utilizando para ello la Ley de Amnistía en el Estado de México, encabeza una red de extorsión con un flujo de capital que supera los 120 millones de pesos, esto de acuerdo con los cálculos más moderados.
Las organizaciones Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C. (FMDPVD) y Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH), han sido las plataformas empleadas por Pérez Espinoza para encubrir su operación financiera. A ello responde que ambas organizaciones son manejadas con discrecionalidad y opacidad sin que existan registros de los ingresos y egresos. Ninguna de estas asociaciones se encuentra en el registro de OSC’s de la Secretaría de Gobernación y en el caso de la primera, cuenta con un registro como Sociedad Anónima de Capital Variable – según consta en el sitio de la misma organización – que data de 2008. Esta denominación le permite a José Humbertus operar como una empresa y así llevar a cabo triangulación de recursos y lavado de dinero.
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El origen de los recursos
Entre 2008 y 2014 la principal fuente de recursos fueron las cuotas a los integrantes del FMDPVD; radicados en los municipios de Tecámac, Ecatepec y Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Estos ingresos le permitieron expandir su red hacia los estados de Veracruz, Quintana Roo, Nuevo León y Chihuahua. En el cénit de su operación primera ola de expansión territorial, José Humbertus es preso.
Siendo preso, Humbertus Pérez ve en la defensa de delincuentes de alto impacto una nueva oportunidad de negocio y funda PIDH tras el desmoronamiento del FMDPVD y la subsecuente baja en el pago de cuotas. En 2020 José Humbertus vuelve de nuevo a las calles y convoca a los agremiados de su organización en una reunión realizada el 29 de febrero del mismo año. Producto de esa reunión fueron los acuerdos del 29 de febrero, con los cuales activó de nueva cuenta el pago de cuotas.
Tras su recapitalización, volvió a expandir sus operaciones, ahora hacia Jalisco y Chihuahua, entidades de las que registra mayores ingresos.
Expansión internacional
EL giro organizativo hacia la presunta defensa de delincuentes de alto impacto le ha permitido ampliar su red de extorsión hacia diferentes penales del Estado de México, tal como lo dio a conocer el diario Reforma la semana pasada. Dentro de los casos defendidos se encuentran ciudadanos de Guatemala y El Salvador, con lo que el flujo de recursos ahora proviene de esos países, cuyos familiares ahora se han visto obligados a cumplir con el pago de cuotas, como sucede con tantas otras víctimas de este pseudo defensor de Derechos Humanos, quienes entregan recursos bajo la esperanza de ver a sus familiares libres.
Por si fuera poco, Humbertus Pérez busca integrar a miembros de la Mara Salvatrucha dentro de su red de extorsión y convertirlos en el brazo ejecutor de su organización al interior de los penales mexicano. También ha buscado estrechar lazos con esta organización criminal a fin de tejer una red transnacional de trata de personas, extorsión y lavado de dinero.
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Lavado de dinero
Humbertus Pérez ha mantenido total opacidad sobre el destino de los recursos. Lo cierto es que aumentan los testimonios que dan cuenta de las extorsiones hacia familiares de presos, a quienes se les exigen cuotas semanales que van de 1500 a 2500 pesos bajo la promesa de liberación o bajo amenaza de traslados o de violencia física.
Humbertus ha sido reacio a cualquier auditoría. La única llevada a cabo al Frente Mexiquense es de 2011. Los resultados, disponibles en su sitio, dan cuenta de una serie de irregularidades en el tratamiento de recursos.
Esta falta de transparencia no sólo el permite asegurar el flujo de recursos hacia su organización y su manutención, también lavar dinero para las organizaciones criminales a las que pertenecen sus defendidos.
FUENTE: Industrias México , con información de Reforma.
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