La organización Impunidad Cero reveló qué hay un 99.6% de impunidad en los casos de desaparición y desaparición forzada de 2019 a 2022
En México se han acumulado 35 mil 669 personas desaparecidas, de 2019 a 2022 de las cuales sólo se han obtenido 141 sentencias condenatorias, lo que presenta sólo 0.4 por ciento de los casos, reveló la organización civil Impunidad Cero en conferencia de prensa durante la presentación de su informe “Impunidad en el delito de desaparición en México”.
Señalaron que de 2019 a 2022, los estados de Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, no reportaron ninguna sentencia condenatoria por los delitos de desaparición cometida por particulares y desaparición forzada, lo que se traduce en un 100 por ciento de impunidad.
Por otra parte indicaron que las entidades con más sentencias condenatorias son Guanajuato (28), el Estado de México (20), Michoacán (11) y Nuevo León (9), son los estados que registraron más sentencias condenatorias entre 2019 y 2022 por casos de desaparición de personas.
Explicaron que los casos de desaparición en el país constituyen una crisis humanitaria que va en aumento. Detallaron que en 2022, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas (RNPDNO) registró una cifra récord de 9 mil 068 personas desaparecidas y no localizadas. El 74% de estos registros corresponde a hombres y el 26 por ciento restante a mujeres. En total hay 7 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes a nivel nacional.
También informaron que con base en respuestas a solicitudes de información solicitadas a las dependencias de seguridad lograron contabilizar 5 mil 698 fosas clandestinas en México de 2006 a abril de 2023. Los estados donde se localizaron mayor número de fosas son Veracruz (668), Tamaulipas (554), Guerrero (498), Sinaloa (484) y Chihuahua (415).
Finalmente, apuntaron que entidades cómo Baja California, Quintana Roo, Zacatecas, Morelos y Colima, son las que tienen mayor número de desapariciones y de asesinatos en conjunto, lo que debería activar políticas de seguridad para atender la violencia en dichas regiones y sus niveles de impunidad en estos delitos.
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