Andrés Manuel López Obrador difundió el 22 de febrero el número telefónico de una corresponsal del New York Times
El portavoz del departamento de Estado, Matthew Miller, pidió a México que no tome medidas que pongan en riesgo la seguridad de los periodistas y no quiso detallar si ha habido conversaciones diplomáticas tras la polémica con The New York Times.
«No nos gustaría que se tomara ninguna medida que pusiera en peligro la seguridad de ningún individuo o de cualquier periodista», apuntó el portavoz, en referencia a la publicación del número de teléfono de una corresponsal del periódico estadunidense que estaba escribiendo un artículo que podría ser perjudicial para el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Estados Unidos, añadió, apoya «la prensa libre independiente cuando hace su trabajo en todo el mundo, y eso incluye a México».
A la pregunta de si ha habido algún compromiso del gobierno mexicano tras lo sucedido, Miller dijo que no tiene «ninguna conversación diplomática sobre la que informar».
Conferencia de Mathew Miller:
El portavoz recordó las palabras de la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, del pasado viernes quien afirmó que «es importante que la prensa pueda informar libremente de temas que son importantes para el pueblo estadunidense y de una manera en la que se sientan seguros y protegidos, no acosados o atacados».
El pasado jueves, durante una rueda de prensa y frente a las cámaras de televisión, López Obrador exhibió una carta de la corresponsal de The New York Times, Natalie Kitroeff, que incluía su número telefónico y un cuestionario sobre la investigación que estaba llevando a cabo para el artículo.
https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos-exige-mexico-garantizar-seguridad-periodistas
El artículo en cuestión, que fue publicado después de los comentarios del Presidente, revela que durante años Estados Unidos tuvo abierta una investigación sobre dinero del narcotráfico que supuestamente recibieron los hijos de López Obrador y algunos de sus aliados para la campaña presidencial de 2018, en la que fue elegido como presidente de México.
Sin embargo, el caso fue cerrado por ausencia de pruebas contundentes.
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