La actuación de elementos de la GN ha sido cuestionada en más de una ocasión, esto luego de que en retenes de seguridad, los agentes han disparado en contra de civiles.
La presunta agresión por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN) en contra de dos jóvenes en el municipio de Jiménez, Chihuahua, registrada el pasado 1 de enero, no es el primer caso que ha desatado la polémica ni los cuestionamientos respecto al actuar de elementos de esta corporación en retenes de seguridad.
Esta semana se dio a conocer este caso en el que agentes de la GN dispararon contra un automóvil en donde viajaban Mauro Miguel Rocha, de 24 años, y Luis Fernando Maldonado, de 20 años, por presuntamente hacer caso omiso a un retén de seguridad, el hecho ha levantado la polémica, pues los videos de dicha agresión se volvieron virales en redes sociales.
Al respecto, la GN informó que el pasado 1 de enero, elementos de seguridad interceptaron a los tripulantes de una camioneta, quienes se negaron a detener su marcha.
La agresión según se apuntó, ocurrió luego de que personal de la GN manifestó que fue objeto de disparos en su contra.
La GN detalló en un comunicado que tras este hecho se mantiene una coordinación permanente con la Fiscalía General de Justicia del estado de Chihuahua y que tanto el personal involucrado en el evento, como su armamento de cargo y vehículos, están disponibles para cuando lo requiera la autoridad ministerial.
Además de que la Unidad de Asuntos Internos de la GN integró ya su propio expediente, con el fin de coadyuvar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) lanzó un llamado para que se apliquen controles civiles externos que vigilen el uso de la fuerza de la Guardia Nacional y las instituciones castrenses que hoy realizan funciones de seguridad públicas.
En tanto que la fiscalía del estado informó que también investiga ya la muerte de dos jóvenes que recibieron disparos por parte de elementos de la GN en el municipio de Jiménez, hechos que según detalló, «ocurrieron en la carretera Jiménez-Torreón a la altura de la caseta Fitosanitaria, lugar donde se localizó (sin vida) a una persona identificada como Mauro Miguel R. S., de 24 años, con domicilio en Jiménez».
Pero esta no es la primera vez que se cuestiona el trabajo y actuar de los elementos de la GN en un retén de seguridad.
En mayo de 2021, debido a una presunta confusión, elementos de la corporación también dispararon en contra de dos funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora que se trasladaban a bordo de una camioneta.
La Fiscalía de Sonora confirmó que en este hecho fue asesinado José Ramón Reyes, secretario escribante de la Agencia del Ministerio Público de Caborca. Mientras que Verónica Reyes, agente del Ministerio Público Especializado en Adolescentes, resultó lesionada.
Mientras que en abril de 2022, Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de la Universidad de Guanajuato, también fue asesinado luego de que recibió un disparo por parte de elementos de la GN, mientras iba a bordo de una camioneta por el municipio de Irapuato.
La GN confirmó los hechos, describiéndolos como un «incidente en el que una persona perdió la vida y otra resultó herida». Un incidente, procedió la institución, causado por el «desconcierto y la incertidumbre» cuando Ángel Yael y sus amigos decidieron retirarse del lugar en donde sus agentes realizaban «reconocimientos disuasivos» con relación al robo de hidrocarburos en la comunidad de Exhacienda el Copal, en Irapuato.
Pero mientras se llevan a cabo las investigaciones derivadas del homicidio de los dos jóvenes en Chihahua, este jueves, Human Rights Watch (HWR) presentó el Informe Mundial 2023: Tendencias de los derechos humanos en México, en el que resalta que desde 2007 y hasta septiembre de 2022, el Ejército mató a 5,335 civiles, según datos gubernamentales.
Mientras que desde 2018, el número de denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el Ejército y la Guardia Nacional ha registrado un aumento constante. En 2021, la Comisión recibió 940 denuncias de ese tipo, la mayor cifra en ocho años.
Así, en el documento, HWR advierte que la actual administración de Andrés Manuel López Obrador ha ampliado el presupuesto, autonomía y responsabilidades de las Fuerzas Armadas, incluidas tareas antes delegadas a autoridades civiles.
“Cuando las fuerzas militares han realizado estas tareas en el pasado, se cometieron violaciones de derechos humanos”, apunta el informe.
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