La defensa de la panista ha promovido otros dos amparos con el mismo objetivo, que finalmente han sido desestimados por jueces en el estudio de fondo.
Mediante un nuevo amparo, la candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, la alcaldesa María Eugenia Campos Galván, logró aplazar por cuarta ocasión la audiencia inicial de vinculación a proceso por el caso de la “nómina secreta”, en el que la Fiscalía estatal la acusa de haber obtenido más de 10 millones de pesos en sobornos del exgobernador César Duarte.
La defensa de la alcaldesa con licencia obtuvo una nueva suspensión como parte del juicio de amparo 370/2021, por lo que la jueza de control del Centro de Justicia de Chihuahua Delia Valentina Jiménez determinó aplazar la audiencia de formulación de cargos.
Los fiscales presentes criticaron la nueva suspensión y señalaron que se trata de una irregularidad, ya que obstaculiza que se lleve a cabo una audiencia de vinculación a proceso en detrimento de la sociedad, que es representada por el Ministerio Público.
Los abogados de Campos Galván, encabezados por Francisco Molina Ruiz, alegaron, de nueva cuenta, que la Fiscalía estatal no ha entregado copias completas de la carpeta de investigación que dio origen a la causa penal 2821/2020, señalamiento que fue rechazado por los fiscales.
Anteriormente, la defensa de la panista ha promovido otros dos amparos con el mismo argumento, que finalmente han sido desestimados por jueces en el estudio de fondo.
La defensa de Campos Galván pidió a la jueza de control Delia Valentina Jiménez declinar la carpeta de investigación para que sean jueces federales, y no estatales, quienes se hagan cargo del asunto.
Los abogados sostuvieron que el caso corresponde a la justicia federal porque los recursos presuntamente malversados para el pago de la “nómina secreta” eran de origen federal.
Los fiscales criticaron la petición y señalaron que, si bien los recursos procedían de transferencias federales, pasaron al control del gobierno estatal una vez que fueron trasladados a sus arcas, por lo que, sostuvieron, la panista debe ser juzgada en el fuero común por el delito de cohecho.
La jueza de control convocó a una audiencia mañana en la que se pronunciará sobre la competencia estatal o federal para juzgar el caso de la “nómina secreta”.
Si la jueza falla a favor de la candidata panista, éste sería otro caso que la justicia federal arrebata al gobierno de Chihuahua. En 2019, mediante un amparo, se determinó que el Ministerio Público del Estado no podía indagar a funcionarios federales como parte del caso de la “operación Safiro”.
El asunto se encuentra en revisión en la Suprema Corte de Justicia, luego de que el gobierno de Chihuahua demandó que se le reconozca la calidad de víctima del desvío de alrededor de 250 millones de pesos de las arcas estatales al PRI en el gobierno de César Duarte.
FUENTE: Animal Político
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