Campos Galván es acusada en el caso de la “nómina secreta” de haber recibido presuntos sobornos a cambio de dar su apoyo en el Legislativo a los intereses del entonces gobernador Duarte.
La Fiscalía General de Chihuahua acusó a la candidata del PAN a la gubernatura, la actual alcaldesa María Eugenia Campos Galván, de haber recibido sobornos por al menos 10.3 millones de pesos entre 2014 y 2016 de parte del entonces mandatario priista César Duarte, quien hoy está preso en Estados Unidos por un desfalco millonario al erario estatal y por asociación delictuosa.
La acusación sostiene que los presuntos pagos se efectuaron cuando Campos Galván era vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Congreso local, entre 2014 y 2015, y se extendieron a lo largo de 2016, cuando fue candidata a la alcaldía de Chihuahua para su primer mandato en ese cargo.
Los sobornos también habrían sido pagados a César Jáuregui Moreno, que era coordinador del grupo parlamentario del PAN y luego se convirtió en Secretario del Ayuntamiento en el gobierno de Campos Galván en la capital chihuahuense.
La panista se reeligió en 2018, y recientemente solicitó licencia para participar en la contienda por la sucesión de Javier Corral, su compañero de partido.
Animal Político posee una copia de los recibos de pago que forman parte de la carpeta de investigación. El exgobernador Duarte se aseguró de certificar dichos recibos ante un notario público de Chihuahua para así ejercer control sobre los beneficiarios de su “nómina secreta”, a través de la cual fueron desviados alrededor de mil millones de pesos del erario para entregarlos como sobornos a legisladores y políticos de todos los partidos, funcionarios, líderes sindicales y medios de comunicación, según la denuncia.
Esta acusación de la Fiscalía estatal por el delito de cohecho ya fue judicializada en la causa penal 2821/2020; se tiene previsto que este miércoles se lleve a cabo la audiencia inicial de vinculación a proceso de Campos Galván, la cual había sido diferida desde noviembre a petición de la defensa de la alcaldesa con licencia, lo que ha sido interpretado por los fiscales como una maniobra para que la panista pueda llegar a las elecciones y, eventualmente, escudarse en el fuero constitucional.
El abogado de la candidata es Antonio Lozano Gracia, exprocurador de la República y quien también fue defensor del sonorense Guillermo Padrés. En la defensa también participan Arturo Chávez Chávez, quien también fue titular de la extinta PGR, y el exsubprocurador Francisco Molina Ruiz. Los tres abogados fueron funcionarios en el sexenio de Felipe Calderón.
Existe una segunda carpeta de investigación contra la candidata panista por cohecho y uso indebido de atribuciones presuntamente cometidos durante su gestión como alcaldesa, y en la que es señalada de presuntamente haber obtenido recursos mediante el cobro ilícito de “moches” a empresarios para favorecerlos con contratos de obra pública. La audiencia inicial de imputación por este otro caso se programó para el 5 de marzo.
Este medio buscó contacto con Campos Galván y con Jáuregui Moreno a través de su enlace de medios, pero declinaron emitir un posicionamiento sobre las acusaciones. No obstante, en diversas declaraciones, la candidata ha sostenido que el caso tiene tintes políticos, y ha señalado al gobernador Javier Corral -su correligionario en el PAN- de usar de manera facciosa el aparato del Estado.
En noviembre de 2020, Corral envió una carta al dirigente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés, para hacer de su conocimiento que Galván Campos y Jáuregui Moreno estaban implicados en la investigación por la “nómina secreta” de Duarte, y le advirtió que la Fiscalía estatal actuaría de manera imparcial aunque se tratara de integrantes de su propio partido.
“(Se) encontraron pruebas y evidencias de la corrosión de la clase política de nuestro Estado, corrompida, como nunca antes, por el duartismo. Y me duele mucho decirlo y reconocerlo, pero alcanzó a todos los partidos, incluido el nuestro, así como a múltiples actores de la vida social, empresarial y comunicacional”, señala la carta del gobernador Corral a Cortés.
Pese a los señalamientos de corrupción, la alcaldesa con licencia fue postulada por el PAN a la gubernatura el pasado 25 de enero. Campos Galván recibió el espaldarazo público del expresidente Felipe Calderón, en cuyo gobierno se desempeñó como delegada federal de Liconsa en Chihuahua.
En la contienda interna por la candidatura quedó fuera Gustavo Madero, cercano excolaborador de Corral.
Campos Galván, conocida popularmente como Maru Campos, es acusada en el caso de la “nómina secreta” de haber recibido presuntos sobornos junto con César Jáuregui a cambio de dar su apoyo en el Legislativo a los intereses del entonces gobernador Duarte, especialmente en la aprobación de las Cuentas Públicas y la adquisición de deuda. Ambos eran los jefes de la bancada supuestamente opositora del PAN.
La Fiscalía asegura que la entonces legisladora cobró los “moches” por dos vías: una, mediante la simulación de contratos de servicios públicos a favor de su hermano (por 1 millón 067 mil 200 pesos), y otra, mediante entregas mensuales en efectivo de parte de la Secretaría de Hacienda estatal por concepto de “apoyo” (9.3 millones de pesos).
Contratos simulados
La investigación de la Fiscalía señala que, entre 2014 y 2015, el gobierno de César Duarte desvió 1 millón 067 mil 200 pesos mediante dos contratos suscritos por la Secretaría de Hacienda con la empresa Campos Galván y Abogados S.C., de la que era representante legal el hermano de la hoy candidata del PAN, Manuel Campos Galván.
Los contratos, en poder de este medio, fueron otorgados por concepto de “asesorías en temas jurídicos internacionales y promoción en el exterior”.
En enero de este año, la Secretaría de la Función Pública estatal envió a la Fiscalía una opinión técnica en la que constató que los servicios supuestamente contratados no fueron realizados por el proveedor (no se encontraron entregables).
La dependencia encontró otras irregularidades, como el hecho de que la empresa no estaba en el padrón de proveedores, no se comprobó la necesidad de adquirir sus servicios y, además, se le adjudicaron los contratos de manera directa y sin licitación de por medio.
“Se determina que existen elementos suficientes que permiten presumir daños a la Hacienda Pública causados por servidores públicos involucrados en los procedimientos administrativos utilizados en los contratos (…) así como por los pagos realizados a la moral (la empresa), incumpliendo con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión”, indica el oficio remitido por la Función Pública a la Fiscalía.
Pagos por concepto de “apoyo”
A la carpeta de investigación también fueron incorporados 34 recibos de pago firmados de puño y letra por Maru Campos entre el 10 de febrero de 2014 y el 29 de abril de 2016.
FUENTE: Animal Político
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